García Alarilla considera que en el caso concreto de la denuncia presentada por el letrado Eduardo Rodríguez González, la sentencia del Supremo es "la solución de un conflicto entre dos personas jurídicas o físicas. En este caso concreto, estima que la sanción es nula por falta de pruebas, pero no anula el bando ni la ordenanza", indicó.

Tras señalar que el Ayuntamiento acatará la decsión del tribunal, el concejal destacó que todavía no ha tenido oportunidad de leerla y que ésta aún no ha sido comunicada a la corporación.

Cuando la resolución llegue a la Casa de la Villa, será remitida a la Asesoría Jurídica Municipal, que emitirá el correspondiente informe, adelantó el edil, quien añadió que será entonces cuando se puedan tomar decisiones.

"Este es un caso más de prueba", concluyó el responsable de Circulación, "como existen muchos otros, en los que unas veces se falla a favr del Ayuntamiento y otros, a favor de los particulares; depende de las pruebas aportadas. Por tanto, la ORA sigue igual, porque no se ha anulado la ordenanza reguladora ni el bando".

SOLUCIONES

Por su parte, Eugenio Morales, concejal socialista experto en temas de transporte, declaró a Servimedia que la solución de toda esta polémica es que las multas sean impuestas por los agentes municipales, o que se confiera una especial autorización como funcionario público a los controladores de la ORA, para ue estén legitimados a la hora de poner las multas.

Sin embargo, Morales reconoció que a los policías municipales no se les puede cargar con más trabajo, al tiempo que subrayó que la ORA, a pesar de ser un elemento imprescindible, en Madrid no funciona en absoluto, porque la gente, en su gran mayoría, no paga las multas ni compra los boletos.

El edil socialista, que conoció la sentencia por lo publicado en los medios de comunicación, apuntó la posibilidad de que, a raíz de este conflicto, el equio de gobierno de Alvarez del Manzano se "anime" a modificar la ORA para que lograr una mayor operatividad.

Franco González, concejal de Izquierda Unida (IU), manifestó que su grupo acata y respeta la sentencia, y que si ésta es firme y definitiva el Ayuntamiento tendrá que adecuar las medidas oportunas para que sean los policías municipales los que tramiten las multas.

González coincidió con Morales en que esta posibilidad iría en detrimento de otras labores que debe ejercer la Policía Municipal,como la protección ciudadana, la prevención de la delincuencia y la organización del tráfico.