Esta fue la postura que sus representantes adoptaron en la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado, donde se debatió la elevación al Pleno de una moción presentada por el PP. Con ella, el principal partido de la oposición pretende imponer su mayoría absoluta para que la Cámara exprese, entre otras cosas, que es “inadmisible” acordar esta medida al margen del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que lleva sin reunirse desde junio de 2022.

En esa línea fueron las declaraciones de los distintos comparecientes en representación de los Ejecutivos autonómicos controlados por el PP, con Madrid, Andalucía y Galicia a la cabeza. Todos se mostraron en contra de la medida recogida en el acuerdo entre PSOE y ERC, que pactaron condonar unos 15.000 millones de euros de la deuda que Cataluña tiene contraída con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), y reflejaron en el documento que el resto de regiones se beneficiarían de una medida similar.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, se opuso frontalmente a la quita de deuda “sin ningún tipo de condicionamiento” y dijo que esta política lanza “un mensaje muy difícil de asumir para quienes han hecho una gestión rigurosa” de sus finanzas, en detrimento de “aquellos que han gastado el dinero de los contribuyentes para pagar la fiesta del independentismo”.

Así, una quita de deuda “generalizada” supone “debilitar el Estado” y un “desincentivo” para las regiones que sí han cumplido, y no aceptó que la medida se vista de “acuerdo de Estado” cuando el resto de las comunidades han estado “al margen, sin voz ni voto”.

El consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, opinó que el acuerdo de investidura de PSOE y ERC impulsa más "privilegios" al “nacionalismo radical” en materia de financiación autonómica y ahonda en la injusticia del sistema de financiación autonómica.

En este sentido, subrayó que Andalucía es la comunidad “más castigada” y pierde 1.000 millones de euros al año con el actual sistema, y se quejó de que la quita de deuda prima “al que mal gestiona” frente a Andalucía, que es de las comunidades “que menos deuda” tiene. “¿Y de qué nos sirve?”, se preguntó irónicamente.

Por su parte, el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Justicia y Deportes de la Xunta de Galicia, Diego Calvo, pidió abordar este asunto “de manera multilateral” en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y rechazó la condonación de deuda por ser un “traje a medida” y “un premio” para Cataluña, “una de las comunidades con peor gestión de la deuda”.

Calvo aseguró que esta medida es “fruto de una decisión bilateral y opaca” y, ante la falta de información oficial, rechazó “una compensación análoga” que no garantizaría la igualdad de territorios.

LA MOCIÓN DEL PP

En este contexto, la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado elevará al Pleno con práctica seguridad la moción presentada por el PP para que la Cámara manifieste que es de “máxima urgencia” que se aborde sin más demora la reforma del sistema de financiación “aprobado en 2009 sin consenso”.

El PP quiere también que el Senado valore como “inadmisible” que “la condonación de parte de la deuda de una comunidad autónoma determinada con el Estado forme parte de las contrapartidas políticas acordadas entre el PSOE y otros partidos para obtener su apoyo parlamentario a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno”.

El texto llegará al Pleno gracias a la mayoría absoluta del PP, que se impondrá a los votos en contra del PSOE y sus socios parlamentarios. Asimismo, es probable que Vox no apoye la moción después de que los populares rechazasen sus dos enmiendas de modificación.

El partido liderado por Santiago Abascal pretendía “no personalizar solo en la figura de los presidentes autonómicos las valoraciones” que las comunidades hicieron en la misma comisión durante la sesión del pasado 19 de octubre, e instar al Gobierno al recentralizar las competencias fiscales.