Consideran, entre otros motivos, que la futura normativa llevará "de forma ineludible, al menos, a 19 modelos de función pública distintos", además de que provocará la imposibilidad de la movilidad de funcionarios, diferencias retributivas con destacados agravios comparativos y, con ello, un deterioro efectivo de los servicios públicos.

Este y otros argumentos quedaron plasmados en un documento de rechazo firmado hoy en Zaragoza, en el marco de la Comisión de Coordinación de la Función Pública, por los responsables del ramo de las comunidades citadas.

En el citado documento se señala también que el estatuto "no es básico ya que no va a ser de aplicación a todas las comunidades y ciudades autónomas del Estado español".

En este sentido, el documento firmado recuerda que el artículo 136 del Proyecto de Estatuto de Autonomía de Cataluña atribuye a la Generalitat la competencia exclusiva sobre el régimen estatutario del personal al servicio de las administraciones públicas catalanas.

Por otra parte, los firmantes consideran que el modelo de Función Pública presentado supone la quiebra de la actual organización territorial fijada por la Constitución Española de 1978 a tenor del texto articulado del Estatuto de Cataluña, aprobado por la Comisión Constitucional con fecha 21 de marzo, generándose con ello una "incoherencia" en el desarrollo de la legislación básica en materia de función pública.

Por último, los firmantes exigen, al igual que manifestó la Federación Española de Municipios y Provincias en una carta dirigida al Ministerio de Administraciones Públicas, que se lleve a cabo una regulación específica de la Función Pública Local que establezca el mismo régimen de derechos y obligaciones con independencia de la comunidad autónoma.

La declaración firmada propone retomar el Anteproyecto de Estatuto Básico de Función Pública negociado y acordado en el año 1999 con todas las comunidades y ciudades autónomas presentes en la Comisión de Coordinación de la Función Pública, con las organizaciones sindicales más representativas y con la Federación Española de Municipios y Provincias, empleando como inicio de los trabajos el texto que ya fue informado favorablemente por el Consejo de Estado.