Así lo han acordado los respectivos consejeros de Economía, Hacienda y Sanidad en una reunión conjunta y a puerta cerrada en la sede nacional del PP que estuvo presidida ayer por la tarde por los secretarios ejecutivos de Economía, Miguel Arias Cañete; Política Social, Ana Pastor; y Política Autonómica, Soraya Sáenz de Santamaría.

Los gobiernos autonómicos del PP pusieron de manifiesto el "carácter insuficiente" de la propuesta del Gobierno de Zapatero, por lo que están dispuestos a rechazarla de plano ya que contiene "una subida injustificada de impuestos a los ciudadanos".

Tras analizar la oferta con la dirección nacional del Partido Popular, llegaron a la conclusión de que el Estado posee actualmente capacidad suficiente para aportar más de 500 millones de euros anuales sin necesidad de incrementar la presión fiscal.

Por todo ello, los consejeros de Economía y Hacienda del PP mantendrán una "posición unitaria" en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, para reivindicar que se cumpla el modelo vigente de financiación sanitaria sin subir los impuestos del tabaco y del alcohol, ni otros de competencia de las comunidades.

"CHAPUZA"

Los dirigentes populares coinciden en que la propuesta del Gobierno de Zapatero es una "chapuza" porque no resuelve el déficit sanitario de las autonomías y rompe el principio de igualdad entre ciudadanos.

Aunque el Ejecutivo ha anunciado su intención de mejorar la oferta antes de la Conferencia de Presidentes que se celebrará el sábado en el Senado, los populares no están dispuestos a aceptar la propuesta salvo que la ayuda estatal aumente sustancialmente y se renuncie a incrementar los impuestos.

En la reunión celebrada en la sede nacional del PP estuvieron presentes todos los consejeros de Economía y Haciendas de las comunidades gobernadas por populares, excepto el de Baleares, y los consejeros de Sanidad de todas las regiones, salvo los de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

La propuesta remitida por el Gobierno a las comunidades autónomas les permite elevar hasta un 10% los impuestos que gravan el alcohol, el tabaco, los combustibles o la electricidad.

Con este plan, el Gobierno pretende recaudar unos 3.200 millones de euros de los que 1.000 serán aportados por el Estado en los próximos dos años, 1.500 saldrían del incremento de impuestos indirectos y los restantes 800 los adelantaría el Estado en concepto de anticipos a cuenta por los impuestos cedidos.

Sin embargo, el propio Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero considera que la propuesta todavía no está cerrada y, si no logra un acuerdo amplio, se podría modificar e incluso retirar.