Esa norma, que se encuentra en su tramitación final en las instituciones comunitarias, supondría la puesta en marcha de medidas de recuperación de al menos un 20% de las zonas terrestres y marítimas dañadas hasta 2030, y de todos los ecosistemas que lo necesiten hasta 2050.

En la misiva, las autonomías califican esta normativa de “arbitraria, poco rigurosa y errónea” y critican a Ribera por no haber debatido con las autonomías una ley “transcendente” al “poner en riesgo” la sostenibilidad del sector primario y de todo el sistema alimentario español, según informó este martes el PP.

Las 14 comunidades firmantes planean exigir al Gobierno español que muestre su rechazo a la normativa en el próximo Consejo de Ministros de la UE, que tiene previsto celebrarse en junio.

En la carta, se considera que la ley parte de un “planteamiento erróneo”, ya que contrapone los objetivos de protección de la naturaleza con los de desarrollo sostenible vinculados a la agricultura y a la ganadería.

Los consejeros indican que la ley “pone en serio riesgo el ecosistema rural del que depende el sistema alimentario europeo”. “La pérdida de tierra para el cultivo supondrá un peligro real que favorecerá los incendios y un sistema agrario que garantice una alimentación de calidad a buen precio”, añaden.

También recalcan que la normativa carece de “una evaluación rigurosa, de informes técnicos y de medidas responsables y proporcionadas que permitan conjugar la lucha contra el cambio climático con la economía y el bienestar de la sociedad”.

“NUEVO MAZAZO”

La vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del PP, Paloma Martín, pidió al Gobierno español que traslade este rechazo a Bruselas por ser la “posición mayoritaria” de las comunidades autónomas.

En su opinión, la ley supone “dar un nuevo mazazo al sector, que está sufriendo un plan estratégico de la PAC (Política Agraria Común) inflexible y mal planteado, y un Ejecutivo que desprotege a los agricultores y ganaderos que viven de su trabajo y nos dan de comer a todos”.