Este partido afeó el preacuerdo alcanzado por ERC y PSC, que avanzaron ayer los republicanos, y destacó que el acuerdo que hace referencia al concierto económico de Cataluña es “inaplicable” porque “es ilegal”. Destacó que cuando estudie el acuerdo decidirá “cuáles son las acciones a llevar a cabo”.

Así, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acusó al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de apuntalar la “dictadura bolivariana” y romper “la caja común de los españoles, todo en un mismo día”. Al mismo tiempo, ya avisó de que “no nos quedaremos quietos”, dejando entrever que quizá toma medidas al respecto.

Desde Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco ya avanzó que su Ejecutivo irá “a los tribunales” y que “impugnaremos el acuerdo ante el Tribunal Constitucional”. Además, criticó que Sánchez “vuelve a traicionar a los españoles con privilegios fiscales para sus socios a cambio de poder” y que el preacuerdo con ERC es “otro pago indecente de votos con el dinero de todos”.

Por su parte, el presidente del Galicia, Alfonso Rueda, se negó a “normalizar” que “decisiones que nos afectan a todos”, a “todas” las comunidades, se tomen “en beneficio de una sola persona por su interés y por su supervivencia”, refiriéndose a Sánchez. “Nosotros tampoco lo vamos a permitir”, avanzó.

Juanma Moreno, presidente de Andalucía, aseguró que el preacuerdo “de Sánchez con ERC” es “un mazazo al principio de solidaridad y un ataque frontal” a esta comunidad y lamentó que el PSOE “se comporta como un partido independentista más”, ya que “se ha rendido al interés particular de los separatistas”. “Responderemos en defensa de la igualdad entre españoles”, dijo.

Asimismo, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, explicó también que su Gobierno hará “todo lo que jurídicamente esté en su mano para impedir semejante atropello a la Constitución y a la igualdad de los españoles”. “No vamos a permitir que nadie trate a los aragoneses como ciudadanos de segunda”, espetó.

“La Comunidad Valenciana ni va a estar callada ni se puede permitir el lujo de permanecer callada ante un golpe de Estado fiscal”, garantizó Carlos Mazón, quien expuso que “todos los mecanismos legales y sociales” de la Generalitat “están preparados para ejercer las acciones jurídicas pertinentes”.

Del mismo modo se pronunció el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, quien subrayó que “no vamos a permitir que con el dinero de todos los murcianos se pague el sillón de Sánchez”. “Utilizaremos todas las herramientas posibles para evitar la desigualdad que nos quieren imponer con las cesiones a los independentistas”, se comprometió.

Desde Cantabria, su presidenta, María José Sáenz de Buruaga, afeó que “los independentistas pedían la llave de la caja y Pedro Sánchez les ha dado la caja entera”. A su juicio, la financiación singular que se propone para Cataluña es “indecente además de completamente ilegal o inconstitucional”. “Me rebelaré contra lo que me tenga que rebelar”, afirmó.