Trabajo hizo esta valoración después de que la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, y el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, presidieran ayer una reunión informal sobre la Comisión Mixta que reúne al Estado y las comunidades autónomas en materia de inmigración.

El Gobierno inicia con esta reunión los preparativos para poner en marcha este instrumento de coordinación que, aprobado el 28 de enero por el Consejo de Ministros, está enmarcado dentro delPlan de Traslados para los inmigrantes desplazados desde Canarias a la Península.

Los dos secretarios de Estado recordaron a los representantes de las comunidades autónomas que el Plan de Traslados es "una cuestión de solidaridad con Canarias".

Además, han recordado que existe un número de inmigrantes en situación de irregularidad que no pueden ser devueltos a sus países de origen, bien por carecer de documentación, bien por las dificultades para suscribir convenios de readmisión, lo que constituye un problema que "debe afrontarse desde la cooperación entre las distintas administraciones".

Camacho y Rumí insistieron en que "la insularidad de Canarias impone limites objetivos a la presencia de estos inmigrantes en esa comunidad". En este sentido, todas las comunidades autónomas han manifestado su apoyo a Canarias y su voluntad de colaboración en el Plan de Traslados.

En la reunión se examinó tanto la garantía de la información periódica a las comunidades a través de las delegaciones del Gobierno, como su participación en el Programa de Acogida a los inmigrantes objeto de traslados diseñado por el Gobierno.

A grandes líneas, se creará un dispositivo con plazas de acogida temporal en las distintas comunidades que garantiza la ayuda humanitaria básica. Los dos secretarios de Estado insistieron en que la concertación entre el Gobierno y las comunidades garantiza tanto la atención a los inmigrantes como el conocimiento autonómico de las llegadas a su territorio.

ACTUACIONES

Según Trabajo, con el Plan de Traslados aprobado hace unas semanas, el Gobierno cumple un compromiso adquirido y viene a ordenar unas actuaciones que se llevaban a cabo desde el año 2002 con respaldo parlamentario (resolución del Congreso de 16 de abril de 2002, ratificado por los debates del Estado de la Nación de 2002 y 2003).

Camacho y Rumí reiteraron que el Gobierno quiere afrontar este problema desde la máxima transparencia y contando con la colaboración de las distintas comunidades, puesto que no se trata de un problema que pueda circunscribirse al ámbito de Canarias o que pueda ser afrontado unilateralmente desde esa comunidad.

Finalmente, destacaron que esa situación en Canarias requiere una contribución activa del Gobierno y de las distintas comunidades que también son destinatarias de recursos provenientes de la Administración Central para la acogida básica y otras actuaciones en materia de inmigración.