"Se trata de garantizar una vivienda digna, uno de los derechos básicos recogidos en la Constitución, a los inmigrantes que trabajan en actividades agrícolas o industriales de manera cíclica, con el fin de lograr su inclusión social", firmó hoy el consejero de Bienestar Social, Rafael Blasco.

Las subvenciones, que tendrán como límite el 50% de la inversión realizada por ayuntamientos y ONG, no podrán superar la cantidad de 1.502,53 euros por plaza de alojamiento, en los proyectos de nueva construcción, y de 751,65 euros, en los supuestos de reforma o rehabilitación.

El 4% de los trabajadores valencianos son inmigrantes, de los que 20.856 proceden de la Unión Europea (33,2%), 16.011 de los países africanos (25,4%), 12.905 de lainoamérica (20,5%), 8.543 de la Europa no comunitaria (13,6%), 4.219 de Asia (6,7%), 288 de América del Norte (0,4%) y 33 de Oceanía.

Por sectores, 40.669 trabajadores inmigrantes de la Comunidad Valenciana están afiliados al régimen general de la Seguridad Social (64,7%), 11.529 trabajan como autónomos (17,9%), 8.264 desarrollan tareas agrícolas (13,1%), 2.452 trabajos del hogar (3,9%), 236 en el mar (0,4%) y 7 al sector de la minería.