Según informa el Gobierno regional, la empresa se presentaba en domicilios donde presionaba a los usuarios, muchas veces personas mayores y niños que se encontraban solos, para que aceptaran revisiones de gas innecesarias bajo la amenaza de cortes de suministro e incluso sanciones, cobrando en metálico diversas cantidades.

La Comunidad de Madrid ha actuado en respuesta a las denuncias de los consumidores y considera probado que la empresa vulneraba sus derechos a una correcta información, lesionando sus intereses económicos. La multa impuesta asciende a 130.000 euros.

En rueda de prensa, la directora general de Consumo, Carmen Martínez de Sola, alertó a los consumidores para que "desconfíen de quienes llamen a su puerta sin preaviso para hacer una inspección bajo la amenaza de un corte o una multa si el usuario no acepta".

Explicó que el caso de la empresa sancionada por el Ejecutivo madrileño está en manos de la policía, ya que no es un instalador de gas autorizado por la Dirección General de Industria, Energía y Minas. Además, la acumulación de denuncias llevó a pedir la intervención de la Fiscalía, que ha abierto expediente y estudia si los hechos son constitutivos de causa penal.

De presentarse un caso parecido, Martínez de Sola animó a los posibles afectados a que presenten la correspondiente denuncia ante la policía para que se pueda sumar al caso abierto.

Asimismo, la responsable de Consumo aconsejó a todos los consumidores que, "para evitar problemas, ante una visita sorpresa de un técnico del gas que no pertenezca a la compañía con la que tenemos contratado el suministro, se debe comprobar si la empresa está autorizada llamando al teléfono 91/4206462, al 012 o a través del buscador que hay en el Portal del Consumidor de 'www.madrid.org'".