Tras indicar que este tipo de medidas han posibilitado que "cada vez haya más personas discapacitadas en el sector público", explicó que este porcentaje es un punto más del establecido por el Estado.

Igualmente, manifestó que "no sólo reservamos el 6%, sino que se obliga a que las pruebas (de acceso) se adapten a las características de las personas discapacitadas".

En el decreto se establecen, asimismo, convocatorias exclusivas para personas con discapacidad intelectual, para evitar situaciones de inferioridad.