Así lo explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno el vicepresidente y portavoz, Ignacio González, quien añadió que esta iniciativa es un compromiso asumido por Esperanza Aguirre, como paso necesario para abordar la problemática que se ha ido generando en esta zona a lo largo de los últimos cincuenta años.

González indicó que junto a dicha desafección, se establece que por un periodo máximo de dos años, se deberá realizar un acuerdo social entre los ayuntamientos de la zona, la Comunidad de Madrid y las entidades afectadas.

El objetivo es que en esos dos años se efectúe una numeración urbanística de los suelos, que deberán aprobar los consistorios de la zona en el marco de sus competencias.

El vicepresidente explicó que en los seis primeros meses tras la entrada en vigor de la ley, los ayuntamientos habrán de realizar un censo de la población de la Cañada Real para conocer también la realidad de sus habitantes.