Justificó dicho retraso a la aprobación en los últimos dos años de distintas leyes y normas, que han aumentado la petición de información y de solicitudes de grado de discapacidad.

Citó las leyes de Igualdad de Oportunidades, No discriminación y Accesibilidad Universal, Protección a las Familias Numerosas,Protección Patrimonial de Personas con Discapacidad y otras normas relativas a impuestos de Sucesiones, Donaciones y Transmisiones, impuestos de Matriculación de Vehículos y Circulación, Tarjeta Europea de Estacionamiento y Reserva de Aparcamiento, acceso a viviendas y centros residenciales o tasas académicas.

"Toda esta normativa ha hecho que la demanda de solicitudes de certificados de grados de minusvalía que reciben los centros base se haya incrementado", reiteró la directora general de Servicios Sociales, quien explicó que este aumento de peticiones "ha provocado que en los últimos años la Comunidad de Madrid haya incrementado en un 57% el número de equipos de valoración para atender esas peticiones, pasando de 21 a 33".

Tras afirmar que la situación de los centros base no es tan preocupante como señala el PSOE, ya que en otras comunidades, como Cataluña o Castilla-La Mancha, los tiempos de demora para conseguir la misma valoración supera los doce meses, anunció que a partir del 1 de julio se contratará a 18 nuevos equipos de valoración, integrados por funcionarios que se dedicarán a reorganizar este servicio ante la futura Ley de Dependencia.

Explicó que los centros base son "servicios sociales especializados de atención básica a personas con discapacidad que asumen funciones de información, diagnóstico, valoración e intervención terapéutica".

La diputada socialista Virginia Aranda, que pidió la comparecencia de Carmen Pérez Anchuela para conocer datos sobre estas listas de espera, expuso el caso de una mujer de 79 años con diferentes patologías, que ocho meses después de pedir una cita para conocer su grado de discapacidad todavía no ha sido citada.

"El asunto nos parece preocupante; los centros base son un caos, y no por el personal laboral, que se deja la piel para hacer su trabajo, sino porque hay falta de organización y de personal", afirmó la parlamentaria socialista, quien indicó que el "colapso" en los centros base tiene que ver con las tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad.