En el marco del curso de verano "Evaluación e innovación en el sistema educativo", que se celebra en El Escorial, Núñez insistió en que ésta es una de las nuevas medidas que se recogen en el sistema de financiación redactado por el Ejecutivo y las universidades públicas, que entrará en vigor a partir de enero de 2006.

A su juicio, una de las novedades importantes es la "financiación por incentivos", que permitirá premiar económicamente a las universidades públicas que cumplan con una serie de objetivos, como la investigación no aplicada, la empleabilidad de sus estudiantes o la captación de fondos privados.

Del total de recursos que se destinen a la financiación de las universidades públicas, el 10% se destinarán a esta iniciativa. Añadió que la aportación de capital privado llegará por dos vías, una mayor aportación de las familias en el coste y una mayor inversión de las empresas.

"Las universidades no pueden aspirar a vivir exclusivamente de presupuesto público; eso tiene un límite", dijo la directora general, quien matizó que el esfuerzo de las universidades públicas ha sido muy superior al de las familias a la hora de financiar la universidad.

Por otra parte, indicó que si una titulación deja de ser demandada por la sociedad, "lo que no podemos es seguir manteniendo toda una infraestructura en torno a ella y unos costes".

En este sentido, precisó que no se trata de cerrar áreas de conocimiento, sino de integrarlas, de manera que se tienda a la especialización de cada facultad pública en un campo determinado.

"No podemos ir a seis universidades uniformes. Para eso, centralizamos todo y tenemos una sola. Cada universidad cuenta con unos equipos de gestión distintos que deben decidir cuál es su futuro en función de sus propias capacidades", concluyó.