"El objetivo de esta medida es lograr mayores garantías para que la vivienda protegida, que se ha adquirido a un precio más asequible gracias a las ayudas públicas, se venda al precio fijado oficialmente y se evite el fraude con un bien de carácter social", explicó el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Mariano Zabía.

Los propietarios de casas de protección pública y suelos calificados para la construcción de viviendas protegidas que quieran venderlos tendrán que solicitar autorización a la Comunidad de Madrid para poder hacerlo. En esta solicitud se deberán indicar las características de la vivienda, los datos registrales, la descripción y el precio de venta.

Una vez recibida esta solicitud, el Gobierno regional podrá ejercer el derecho de tanteo, que consiste en la posibilidad de comunicar al vendedor la intención de adquirir la vivienda objeto de compra-venta, siempre con preferencia frente a cualquier otro comprador y al precio oficial correspondiente.

Si el vendedor acepta la venta de la vivienda protegida, la Administración regional le abonará de inmediato el valor del piso y a su vez lo adjudicará a un solicitante de vivienda pública por el precio oficial vigente, evitando en este proceso la existencia de sobreprecios.

En caso de realizarse la compra-venta de un piso protegido entre particulares, el comprador deberá informar a la Comunidad de esta transacción entregando una copia de la escritura. El Ejecutivo autónomo podrá ejercer el derecho de retracto por el plazo de diez días y adquirir la vivienda al precio oficial.