Según informó hoy el Gobierno regional, el convenio, con un presupuesto de 40.000 euros, recoge, entre otras acciones, el seguimiento por parte de profesionales del derecho de los procedimientos judiciales abiertos con motivo de actos xenófobos y racistas, así como la colección de sentencias y condenas, personándose como acusación particular en algunos casos.

Asimismo, el acuerdo incluye asesoría, atención y seguimiento a las personas afectadas por manifestaciones de intolerancia y xenofobia, además de la orientación personalizada a través del Teléfono de la Atención a Víctimas y de la Oficina de la Solidaridad.

También se fomentarán espacios de reflexión y se realizarán actos públicos de sensibilización social en los que se aborden las causas y posibles soluciones de los conflictos en el ámbito de la intolerancia en escenarios juveniles.

De igual forma, la Comunidad de Madrid reforzará la formación de educadores de prevención de conflictos que fomenta a través de otros programas, mediante este acuerdo, que incluye la realización de seminarios dirigidos a formar profesionales con capacidad para detectar, analizar y actuar en situaciones de conflicto.