Para ambos sindicatos, esta situación podría constituir fraude de ley y, una vez que es pública después de haberla difundido la cadena Ser y de que el propio Romero de Tejada reconociera en la Asamblea de Madrid que la relación laboral existe, la Inspección de Trabajo "debe promover una actuación de oficio", según UGT Madrid, y además "la no actuación sería sancionable".

El fraude consistiría en articula una relación laboral ficticia con el objetivo de generar derechos de prestación. Por ello, CCOO solicita a la Mesa de la Asamblea que remita a la Inspección Provincial de Trabajo el acta de sesiones para que ésta investigue el posible fraude en materia de cotizaciones a la Seguridad Social.

UGT, por su parte, considera "políticamente sorprendente que los responsables del PP (Nasarre) justifiquen una actuación de estas características, dado que ese mismo partido en su acción de gobierno promueve constntemente medidas de control del fraude y en muchos casos impulsa o trata de impulsar recortes en la protección social de los trabajadores, utilizando como excusa y argumento presuntos fraudes".