La querella se presentó ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y en ella el PSOE solicita la aplicación de medidas cautelares para impedir la consumación del delito, que impediría el acceso a la presidencia de la Comunidad de su candidato, Rafael Simancas.

El delito de cohecho continuado está penado con hasta 4 años de prisión y hasta 6 e inhabilitación para desempeñar cargos públicos. En virtud de la gravedad del delito, el PSOE solicita en el texto presentado hoy al Tribunal la adopción de medidas cautelares sobre Tamayo y Sáez.

Piden, en primer lugar, su ingreso en prisión provisional, una medida prevista por la legislación para delitos "continuados" y para aquéllos que están penados con más de 3 años de cárcel. Además, solicitan la supensión provisional de su condición de diputados, de manera que puedan ser sustituidos por los do integrantes siguientes de la candidatura socialista a la Comunidad de Madrid.

El secretario de Libertades Públicas de la Ejecutiva socialista, Juan Fernando López Aguilar, insistió en que esta medida constituye la única manera de "evitar que se consume un nuevo episodio del delito de cohecho" que se denuncia.

"GOLPE INMOBILIARIO"

Entiende el PSOE que cualquier decisión que pueda tomar la Asamblea de Madrid bajo estas condiciones estaría "contaminada" por ese delito y supondría un "respaldo al olpe inmobiliario conta la democracia", según explicó el catedrático de Derecho y portavoz socialista en la Comisión Constitucional del Congreso,

López Aguilar reconoció que la suspensión provisional de la condición de diputado "no tiene precedentes" en los 25 años de democracia en España, pero afirmó que, por ejemplo, la constitución de la Mesa del Parlamento madrileño es un "reflejo" de los efectos del delito de cohecho, que puede "tener efectos de enorme gravedad en sucesivas votaciones".

"Lasmedidas cautelares están pensadas para evitar que se sigan produciendo delitos" y en este caso resultan "coherentes con la jurisprudencia constitucional", afirmó López Aguilar.

A su juicio, cabría la posibilidad de que el Tribunal decretara la sustitución "provisional" de ambos diputados, para evitar que se siga cometiendo el delito, en tanto se hace una asignación judicial definitiva de los dos escaños. Para López Aguilar, sería "posible adoptar esta medida sin precedentes porque tampoco tiene precedntes el golpe democrático que se está viviendo".

CONNIVENCIA DEL PP

En cuanto a la querella dirigida contra el dirigente popular de Madrid, el portavoz del PSOE en la Comisión Constitucional del Congreso, Diego López Garrido, afirmó que las acusaciones contra él vienen avaladas por "hechos que no nos inventamos y que revisten una extraordinaria gravedad indiciaria de connivencia con la trama".

El PSOE repartió tras la rueda de prensa en la que se explicó el contenido de la querella un documentotitulado "las mentiras de Romero de Tejada", en el que se recuerdan las sucesivas declaraciones del responsable popular al irse conociendo detalles de su entrevista en la sede del PP con el empresario Francisco Bravo, que también es objeto de querella, y al que se relaciona con los dos diputados desertores.

Según López Garrido, el secretario general del PP madrileño tiene "amistades muy peligrosas" sobre las que pesan indicios de que están cometiendo "un delito muy grave". Juzgó que el proceso judicia debe ser paralelo a la exigencia de responsabilidades políticas, aunque puntualizó que ambos aspectos están, en este momento, separados.

El objetivo final de esta querella es impedir la repetición de las elecciones, tal y como desea el PP, y recuperar la mayoría progresista en el Parlamento regional. Para ello, López Garrido pidió a la Justicia que actúe "con la máxima rapidez" para impedir cuanto antes los efectos del comportamiento de los diputados desertores.

Explicó que el estudio de la querlla por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid es "compatible" con las diligencias abiertas por la fiscalía, y apostó porque ambas actuaciones acaben siendo integradas en un solo sumario.

"TORTUGA PARALITICA"

En ese sentido, reprochó al fiscal general del Estado que se esté comportando como "una tortuga paralítica" y permanezca sin anunciar ningún tipo de medida, al tratarse de un asunto que puede salpicar al Gobierno y al PP.

En cuanto a la decisión de la Mesa de la Asamblea de Madrid de arir cuanto antes el periodo de sesiones para proceder a su disolución, López Garrido dijo que se trata de una medida "absolutamente inaceptable" que no respeta lo establecido en el Estatuto de autonomía de la Comunidad de Madrid.

Según interpretan los socialistas, la Asamblea solo puede ser convocada para iniciar el proceso de investidura y, por tanto, no puede quedar disuelta sin pasar por ese trámite.

Para López Aguilar, este intento del PP de adelantar al máximo la posible convocatoria de eleciones anticipadas "delata cada día más" las intenciones de los populares que, a su juicio, están demostrando estar dispuestos a cometer todo tipo de "barbaridades contrarias al Estatuto".