Simancas se comprometió antes de las elecciones municipales y atonómicas del pasado 25 de mayo con el presidente de la Asociación de Gestores de Cooperativas de Vivienda (AGECOVI), Orencio Osuna, a facilitar suelo a las cooperativas para construir viviendas protegidas.

Este acuerdo fue señalado por el PP como prueba de la existencia de clanes inmobiliarios dentro del socialismo madrileño y de disputas internas entre ellos que habrían acentuado las discrepancias de Eduardo Tamayo con otras familias del PSOE.

Osuna negó en su comparecencia de ayer que ese suel pudiera ser adjudicado a AGECOVI, puesto que se trata de una asociación de gestores, no de cooperativas, y negó también que fuera un acuerdo excluyente, porque en ningún momento se decía que el suelo se fuera a facilitar sólo a unas cooperativas en concreto.

Sin embargo, en su comparecencia de hoy Galindo aseguró que ese acuerdo fue "excluyente", porque suponía "una cierta diferenciación" dentro del sector, por lo que desde ASPRIMA "no lo encontramos correcto".

Galindo aseguró que ninguna de lasempresas asociadas a ASPRIMA tiene relación con las inmobiliarias con las que se ha vinculado a Francisco Bravo, a Francisco Vázquez o a José Luis Balbás, todos ellos señalados por el PSOE como elementos de la "trama" que explicaría la espantada de Eduardo Tamayo y Teresa Sáez.

Garantizó por ello que no dispone de información que pueda contribuir a esclarecer lo sucedido en la Asamblea el pasado 10 de junio. Galindo aprovechó también su exposición inicial para denunciar lo que considera un intento de embrar dudas sobre la actividad de los promotores de vivienda y para pedir sensatez a los políticos, a los que solicitó que no siembren esas dudas si no es con pruebas concretas.