El Consejo de Gobierno, en su reunión de este miércoles, conoció la encomienda de la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid del ejercicio de las acciones jurisdiccionales. Estas se desarrollarán en nombre de la Administración regional en las diligencias previas que se siguen en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 2 de Madrid.

La acción popular se ejerce en calidad de parte perjudicada civilmente en los casos penales abiertos por muerte, lesión grave o mutilación genital. Esta personación es una de las medidas previstas en la ley autonómica sobre este tipo de violencia, que extiende su protección a los hijos y personas dependientes. Desde 2016 la Comunidad de Madrid ha aplicado esta facultad en 71 causas penales.

La Dirección General de Igualdad de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales asiste anualmente a alrededor de 20.000 víctimas a través de la Red de atención integral existente en la región. Además, el Ejecutivo madrileño señaló que cada año facilita plazas residenciales a unas 500 mujeres, aproximadamente.