Los plazos establecidos a partir del debate de investidura de Rafael Simancas, el pasado 27 y 28 de junio, establecen que la Cámara debe quedar disuelta dos meses después, es decir, el 28 de agosto, y que las elecciones deberán celebrarse 54 días después. Eso obligaría a que los comicios fueran un jueves, algo que todos os partidos están dispuestos a evitar.

En consecuencia, todos se muestran dispuestos a reformar la legislación electoral para que las elecciones sean el primer domingo después de esos 54 días, es decir, que estos próximos comicios serían el 26 de octubre.

La propuesta ha partido del PP y de Izquierda Unida, y los socialistas precisan que votarán a favor porque la consideran "razonable", pero recuerdan que fue la "falta de previsión" de los populares y su "partidismo" al pretender sólo que el debae de investidura de Simancas fuera un sábado antes del final de junio lo que ha provocado el problema a resolver.

Además, la portavoz adjunta del Grupo Socialista, Elena Almazán, dijo en los pasillos de la Asamblea que los socialistas no firmarán esta propuesta si no se debate también una reforma del Reglamento de la Cámara que regule a los diputados "no adscritos" y elimine así los privilegios de los integrantes del Grupo Mixto cuando estos hayan abandonado sus filas, como Eduardo Tamayo y Teresa Sáe.

El portavoz del PP, Luis Eduardo Cortés, reiteró que su Grupo es partidario de reformar el Reglamento pero "no en diez días", sino con la debida calma y meditación, dejando caer así que no se modificará en la presente legislatura.

Almazán insistía en que no se trata de un problema del PSOE sino de la democracia, y que debe ser resuelto para evitar situaciones similares en el futuro. Cortés defendía su tesis de que esa reforma no afectaría a Tamayo y Sáez y, por tanto, puede esperar.

Si lascosas siguen así, la reforma de la legislación electoral será propuesta por PP e Izquierda Unida aunque luego sería respaldada también por el PSOE. Esa modificación incluirá la aprobación de una partida presupuestaria para financiar el mailing de los partidos ante estas nuevas elecciones y que contará con el acuerdo de todos. La propuesta del PP, según Cortés, es que se otorguen 0,18 céntimos de euro por cada elector.

Esa reforma de la legislación electoral debe ser aprobada por el pleno de la Asamble de Madrid, que deberá reunirse antes de disolverse. La previsión es que lo haga el día 25 o 26 de este mes, aunque queda por acordar si es una única sesión en la que se debata todo, incluidas las conclusiones de la comisión de investigación y la elección de los representantes en Caja Madrid, o se convocan sesiones distintas para cada uno de los puntos.