Llamazares declaró a los periodistas, antes de participar en un acto "En defensa de la democracia, contra la corrupción y sus instigadores", que no son los ciudadanos los que deben padecer un interrogatorio por parte del PP, que les quiere llevar inmediatamente de nuevo a as urnas para comprobar si cambian su tendencia de voto.

"Estamos ante la corrupción de la democracia por parte de especuladores que se han visto apoyados por la política económica del PP", denunció el líder de IU, una corrupción que es "consentida por la derecha de este país", que quiere ahora revisar el resultado de las elecciones en la Comunidad de Madrid".

Quiso dejar claro a "la derecha que la legitimidad de la mayoría de izquierdas es incuestionable, que debe recuperar la iniciativa, debe pesentar su programa de gobierno de izquierdas y de acuerdo entre PSOE e IU, y arriesgarse a ser votado en contra por el PP aliado con los tránsfugas".

"Si la iniciativa del programa de izquierdas finalmente es derrotada", agregó, habrá que "convocar elecciones", pero con el fin de "revalidar" esta mayoría, que ha sido "abortada por una conspiración económica y por el interés político del PP", no de "revisar" los resultados del 25 de mayo como pretenden los populares.

Insistió en que "hay que someer al PP y a los diputados a un tercer grado, que no sea el PP el que someta a los ciudadanos madrileños a un tercer grado para ver si cambian su opción política desde la izquierda hacia la derecha, sino que nosotros sometamos al PP y a los tránsfugas a la vara de medir del programa común de la izquierda", eso es lo que cabe para "retomar las riendas del proceso".

CAMBIOS LEGALES

Asimismo, avanzó que su grupo va a presentar en el Congreso de los Diputados varias propuestas para modificar la Ley Elecoral, la Ley del Suelo y la Ley de Incompatibilidades, a fin de evitar que se repitan casos como el provocado por los socialistas Eduardo Tamayo y Teresa Sáez.

Subrayó que debe cambiarse la regulación del suelo, "en contra del PP que siempre intentó liberalizar el suelo y aumentar el dinero negro", y endurecer las incompatibilidades, para que los cargos públicos no puedan actuar en favor de intereses privados.

En cuanto a la reforma de la Ley Electoral, recalcó que es necesario "obligar a los caros públicos con su programa y con su proyecto de gobierno", y evitar así que, como en este caso, los "tránsfugas" se queden con escaños que deberían corresponder al partido por el que han sido elegidos.

Sobre esta materia, recalcó que existe la idea de que "el cargo público es propiedad del candidato. Es una idea equivocada. La sentencia del Tribunal Constitucional plantea una doble dependencia: la dependencia del cargo público de los ciudadanos, y la dependencia del cargo público del partido que presntó a este candidato".

"Eso habrá que legislarlo para evitar casos de transfuguismo político como se da en estos momentos, y para evitar que los tránsfugas puedan ser utilizados por el PP, como están siendo utilizados para cambiar una mayoría de izquierdas", concluyó.