Ossorio explicó que el Consejo de Gobierno aprobó hoy la adjudicación de dos contratos con una duración de dos años, a partir de 2023, con la posibilidad de una prórroga de hasta 24 meses.

El objetivo es prestar servicios para la reintegración en la sociedad de adolescentes a los que un juez haya impuesto, bien de manera cautelar o firme, medidas de internamiento que impliquen su privación de libertad o, en su caso, de ejecución en medio abierto o de reparaciones extrajudiciales, ambos casos no privativos de libertad.

En total, 14,7 millones se dirigirán a la gestión integral de dos centros de ejecución de medidas judiciales en internamiento o privación de libertad: El Laurel y El Lavadero. El primero es un complejo que puede albergar hasta 48 jóvenes o menores de ambos sexos y que está especializado en casos de violencia familiar ascendente –de hijos a padres- o de pareja. También en programas específicos sobre paternidad responsable para varones que sean padres adolescentes.

El segundo, por su parte, reserva, al menos 15 de sus 55 plazas (hombres y mujeres) a intervenciones terapéuticas para la deshabituación de drogodependencias. También puede destinar algunas de ellas para el tratamiento de menores y jóvenes con medida judicial de internamiento por delito de maltrato familiar ascendente. Ambos recintos de la ARRMI están preparados para llevar a cabo órdenes de internamiento –firmes o cautelares- en régimen cerrado, semiabierto, abierto, terapéutico y de fin de semana.

Los 4,5 millones restantes servirán para sufragar la gestión integral de tres Centros de Día -uno de ellos con atención específica a personas con adicciones- y dos programas socioeducativos en medio abierto, es decir, medidas judiciales no privativas de libertad.

Con un presupuesto global para 2022 de 40 millones de euros, la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor, dependiente de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, ofrece su servicio público en la actualidad a más de 1.500 menores y jóvenes en la región. Cinco de cada seis, el 83%, lo hacen a través de programas individuales sin privación de libertad.