Así lo precisó este sábado el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso en un comunicado en el que concretó que el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha dado luz verde, en su reunión de esta semana, a la adjudicación de un contrato para el servicio de tratamiento de adicciones a personas diagnosticadas con trastorno por consumo de sustancias “graves”, con o sin otras patologías mentales, y que la inversión pública asciende a 3.540.307 euros para un periodo de dos años y supone la gestión de un total de 50 plazas en una única instalación.

Del total, una treintena son de ingreso y, de ellas, hasta cinco podrán ser ocupadas por madres con hijos menores de un año y hasta dos, por ciudadanos a los que una autoridad judicial haya impuesto una medida de seguridad con fines terapéuticos.

En este caso, la cobertura asistencial será de 24 horas los 365 días del año y las otras 20 son para hospital de día y la asistencia a los beneficiarios se prestará de 10.00 a 17.00 horas de lunes a viernes, excepto festivos.

Los usuarios de este servicio público sanitario recibirán diagnóstico, terapia y rehabilitación mediante un proyecto de gestión clínica “específico”.

La administración autonómica dispone de un Plan de Salud Mental y Adicciones en el que se presta una “especial atención” a la población joven y adolescente y supone la incorporación de 370 nuevos profesionales, entre ellos psiquiatras y profesionales de enfermería, que conforman los 21 nuevos equipos “específicos” de prevención del suicidio o los 14 de atención “intensiva” a domicilio para niños y adolescentes con patologías “complejas”.