Según informó este martes la Comunidad, esta adhesión se materializó mediante la firma de un convenio entre el Gobierno regional y el Ministerio del Interior, representado en el acto por la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González.

Tras la rúbrica, el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, se mostró convencido de que la coordinación entre los poderes públicos “es una pieza esencial de la solución a este acuciante problema incrustado en la sociedad española. Con este acuerdo avanzamos, sin duda, en nuestra obligación de ser más eficaces para impedir que se produzcan este tipo de tragedias en el futuro”.

Este protocolo se basa en la utilización de una aplicación que, mediante un algoritmo, permite contar con una base de datos con toda la información policial, judicial y penitenciaria que, aplicada de manera individualizada, sirve para valorar el nivel de peligro de una persona afectada, con el fin de que las instituciones públicas adopten las medidas necesarias para defenderla.

A partir de ahora, los servicios técnicos de la Administración autonómica y del Ejecutivo central estudiarán conjuntamente los procedimientos necesarios para adecuar sus respectivos sistemas informáticos y facilitar las conexiones necesarias, de manera que se garantice la máxima cooperación entre ambas partes, que son conscientes de la gravedad y persistencia de este fenómeno.

En lo que va de 2022, la región cuenta con una víctima mortal por violencia contra la mujer, que tuvo lugar el pasado mes de marzo en Pozuelo de Alarcón, donde fue asesinada una mujer de 32 años que denunció previamente a su pareja.