Así lo afirmó durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde remarcó que los actos que se celebren o no en la Real Casa de Correos “serán decisión del Gobierno de la Comunidad de Madrid y, de forma particular, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid”. “Solo faltaba”, aseveró.

García Martín hizo estas declaraciones después de que el presidente del Gobierno anunciase para 2025 un centenar de actos por cumplirse 50 años de la muerte de Francisco Franco y ante la intención del Gobierno central de declarar el edificio como Lugar de Memoria Democrática por haber acogido durante unos años la Dirección General de Seguridad.

ACUERDO EN CONSEJO DE GOBIERNO

En este sentido, García Martín informó durante la rueda de prensa que el Consejo de Gobierno aprobó hoy un acuerdo para dejar sin efecto el procedimiento comenzado desde la Administración del Estado el pasado octubre y exigió al Gobierno central anular la resolución que inicia el expediente para declarar la Real Casa de Correos como Lugar de Memoria Democrática "para relacionarla con el franquismo".

El portavoz del Gobierno regional argumentó que esta decisión implica “la invasión de competencias exclusivas de la Comunidad de Madrid”. En concreto, en materias de organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno; patrimonio histórico, artístico, monumental, arqueológico, arquitectónico y científico de interés; vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones; desarrollo legislativo, potestad reglamentaria y ejecución de bienes de dominio público y patrimoniales cuya titularidad corresponda a la Comunidad de Madrid; y “sus facultades como poder público en defensa de la libertad, justicia y la igualdad de los ciudadanos”.

García Martín remarcó que este requerimiento “es el paso necesario y previo al envío de este asunto al Tribunal Constitucional al amparo de lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, de dicho órgano jurisdiccional”.

El portavoz regional apuntó que este edificio en la Puerta del Sol, con más de 250 años de historia, “tiene la máxima protección como Bien de Interés Cultural” y recordó que, durante ese periodo, ha albergado entre otras instituciones la Capitanía General, el Gobierno Militar y el Ministerio de Gobernación, además de ser desde 1985 sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

La Dirección General de Atención y Promoción de la Memoria Democrática, dependiente del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, aprobó el 16 de octubre de 2024 una resolución para iniciar este procedimiento administrativo. La Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local presentó el mes pasado un escrito de alegaciones contra esta decisión unilateral. En él también aseguraba que el Estado “ha actuado con total falta de lealtad institucional”.