El portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, argumentó en rueda de prensa que esta decisión implica “la invasión de competencias exclusivas de la Comunidad de Madrid”. En concreto, en materias de organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno; patrimonio histórico, artístico, monumental, arqueológico, arquitectónico y científico de interés; vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones; desarrollo legislativo, potestad reglamentaria y ejecución de bienes de dominio público y patrimoniales cuya titularidad corresponda a la Comunidad de Madrid; y “sus facultades como poder público en defensa de la libertad, justicia y la igualdad de los ciudadanos”.

García Martín remarcó que este requerimiento “es el paso necesario y previo al envío de este asunto al Tribunal Constitucional al amparo de lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, de dicho órgano jurisdiccional”.

El portavoz regional apuntó que este edificio en la Puerta del Sol, con más de 250 años de historia, “tiene la máxima protección como Bien de Interés Cultural” y recordó que, durante ese periodo, ha albergado entre otras instituciones la Capitanía General, el Gobierno Militar y el Ministerio de Gobernación, además de ser desde 1985 sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

La Dirección General de Atención y Promoción de la Memoria Democrática, dependiente del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, aprobó el 16 de octubre de 2024 una resolución para iniciar este procedimiento administrativo. La Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local presentó el mes pasado un escrito de alegaciones contra esta decisión unilateral. En él también aseguraba que el Estado “ha actuado con total falta de lealtad institucional”.