Según informó la Comunidad de Madrid, la normativa que establece la creación de esta nueva entidad pública, que consta de 36 artículos, adapta su regulación a la Ley estatal y otros convenios internacionales que reflejan un avance en los derechos de las personas con discapacidad, y fue aprobada este jueves por el Pleno de la Asamblea regional.

La entrada en vigor de esta norma implica la desaparición del concepto de incapacidad y de la figura de la tutela y la creación de un nuevo marco legal para la Amapad, adscrita a la Consejería de Familia, Juventud y Política Social.

El modelo de intervención de esta Agencia se centra en el respeto a la voluntad, deseos y preferencias de las personas adultas que requieren apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica, en la promoción de su participación en la toma de decisiones y en su máxima autonomía personal. Para ello dispondrá de instrumentos dirigidos a avanzar en la comunicación con las personas con discapacidad, en materia de calidad y en transparencia y compromiso ético.

La Amapad tiene como principales fines la defensa judicial de los residentes en la región a los que se haya iniciado un procedimiento de provisión de medidas judiciales de apoyo; el ejercicio inexcusable de la curatela –figura legal que se define como la medida de atención a una persona con discapacidad que no cuenta con plena capacidad y requiere de asistencia continuada–; el desarrollo de actuaciones para que puedan ejercer su capacidad jurídica con el alcance que determine la autoridad judicial o el propio interesado en escritura pública, y la adopción de medidas de carácter urgente en los casos que lo requieran para evitar situaciones de desamparo.

También se fomenta la integración e inclusión de las personas a las que se presta atención y la información y comunicación a la ciudadanía sobre el nuevo sistema de apoyos. “Entre las novedades que se incorporan para avanzar en su bienestar y sus derechos está la creación de un comité de ética propio, el establecimiento de códigos de buenas prácticas y de buen gobierno que dirijan la intervención profesional y la gestión de la entidad o la constitución de una comisión específica para la participación de las personas con discapacidad apoyadas por la Agencia”, señaló la consejera de Familia, Juventud y Política Social, Concepción Dancausa, durante su intervención en el Parlamento regional.

La norma incluyó por primera vez en los trámites de audiencia e información pública una versión en lectura fácil para su mejor comprensión por parte de los madrileños con discapacidad intelectual y del desarrollo o dificultades de comprensión lectora, que se puede consultar en la página web regional ('www.comunidad.madrid').