Pese a casi un mes de comparecencias, algunas de las cuales rozaron las quince horas de interrogatorio, los partidos han extraído las conclusiones que ya habían esbozado al principio de las sesiones, sin apenas modificaciones.

El PP sacará adelante previsiblemente el dictamen de conclusiones, en el que fijará en solitario su tesis sobre la causa de lo ocurrido: una mera discrepancia política entre los tránsfugas y la dirección del PSOE a nivel regional y nacional.

Los populares mantienen que fueron las promesas incumplidas de Rafael Simancas y del propio José Luis Rodríguez Zapatero las que llevaron a Tamayo a adoptar una medida de fuerza y a ausentarse junto a su compañera de partido María Teresa Sáez de la sesión constitutiva de la Asamblea, el pasado 10 de junio.

Defenderá el PP ante el Pleno, como lo ha hecho durante todo el mes, que el PSOE es "el único culpable" de la crisis y que la "responsabilidad" está en Zapatero y Simancas. Además, incidirá en las"mentiras" formuladas por la socialista Ruth Porta ante la comisión de investigación.

Mientras, desde el PSOE se dejará constancia en su voto particular de la misma teoría que manejan los socialistas desde el inicio de la crisis: la existencia de una "trama político inmobiliaria" inspirada e impulsada por el PP, de la que Tamayo y Sáez fueron un instrumento.

Dicen los socialistas que Tamayo y Sáez no se opusieron nunca en los órganos internos a la estrategia del partido y a sus alianzas con IU, ysubrayan sus contactos con los constructores y militantes del PP Francisco Vázquez y Francisco Bravo, y con el abogado José Esteban Verdes, afiliado al PP y marido de la concejal de este partido en el Ayuntamiento de Madrid Paloma García Romero.

Hacen hincapié, sobre todo, en los contactos de Tamayo con Verdes y Bravo y de estos dos con el secretario general del PP en Madrid, Ricardo Romero de Tejada, en momentos clave del proceso electoral, como el día en el que se aprobaron las listas del PSOE o lashoras durante las que se prolongó el escrutinio de votos en la comunidad, del que fue responsable García Romero, entonces viceconsejera de Presidencia del Gobierno regional.

Los socialistas sitúan en el centro de este triángulo a Romero de Tejada, al que Simancas ya se refirió como "el capo" de la trama, y del que recuerdan que ocultó a la comisión de investigación su condición de asalariado de una empresa de fotocopias, MIC, en la que ven "una tapadera de asuntos turbios" relacionados con el urbanism en la Comunidad de Madrid.

En medio de las dos tesis está Izquierda Unida, que acusa al PP de haberse aprovechado de la situación creada por los dos tránfugas, pero cree también que el PSOE debe asumir responsabilidades por haber incluido en su lista electoral a Tamayo y a Sáez.

La coincidencia fundamental entre el PSOE e Izquierda Unida es la acusación al PP de haber "boicoteado" la comisión de investigación al vetar comparecencias y negar la remisión de documentación.