Las causas más frecuentes para la incoación de expedientes sancionadores fueronel incumplimiento de los requisitos de funcionamiento, entre los que figura la inspección previa para conseguir la autorización de apertura.

Hasta el més de mayo, las autoridades regionales habían detectado en un año más de 60 residencias de ancianos clandestinas, que no habían solicitado la autorización administrativa necesaria.

En el Servicio de Inspección se han tramitado 61 denuncias de familiares, autoridades, comunidades de vecinos y, en menor medida, por trabajadores.

Estas denuncias e refieren a deficiencias higiénico-sanitarias, posible ilegalidad, reclamaciones económicas, deficiente alimentación, falta de atención y malos tratos.

Hasta el mes de mayo, la Consejería cerró un centro, impuso dos sanciones muy graves, 31 graves y 16 leves. Incoó 68 expedientes sancionadores con multas por más de 34 millones de pesetas.