Así lo anunció en declaraciones a los medios de comunicación en la Asamblea de Madrid, en las que señaló que la oferta será ahora analizada por la Mesa de Contratación y “una vez que ya se compruebe que está en las condiciones legales adecuadas, pues se realizará el procedimiento que establece la Ley de Contratos del sector público para su definitiva adjudicación”.

“Con esta definitiva adjudicación, Madrid, la ciudad de Madrid, el partido judicial de Madrid y también toda la comunidad autónoma”, destacó López, “contará con una sede única judicial en la que va a estar integrada tanto el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, como la Audiencia Provincial, como los órganos que son propiamente ubicados en el partido judicial de Madrid”.

CONCENTRACIÓN JUDICIAL

Para el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, “va a ser la concentración judicial más importante del sur de Europa”, que, añadió, “va a modernizar toda nuestra infraestructura inmobiliaria, que va a prestar un servicio de calidad tanto a los ciudadanos que accedan a los servicios jurídicos como a los profesionales”.

Enrique López anunció que los ofertantes “es un grupo de empresas que son ACS y Acciona”, y explicó que “ahora la Mesa de Contratación establecerá un calendario para el estudio de toda la documentación, en definitiva, la finalización del proceso”.

“Esperamos que esté definitivamente adjudicado a finales del mes de marzo, y a partir de ahí comenzará un plazo que el propio contrato establece de un año para la elaboración del proyecto”, señaló López, que agregó que el plazo es “de tres años para la construcción de las sedes judiciales con lo cual, como máximo estaríamos hablando en el año 2027, si bien estos plazos pueden ser acortados”.

CAMBIOS DEL PLIEGO

Sobre los cambios respecto a la licitación inicial, que quedó desierta, el consejero dijo que “se ha adaptado el contrato en ciertas condiciones, teniendo en cuenta la situación actual económica que vive el mundo” y por otra parte “para hacer el contrato mucho más viable, tanto en su eficiencia como también para asegurar la obtención de rentabilidad por parte del concesionario, que es una parte esencial de un contrato en el que la colaboración público-privada es la regla esencial”.

En la misma línea defendió que “tenemos una infraestructura que a la Administración no le supone un coste inicial en cuanto a lo que es la construcción de esa infraestructura, luego le supone un coste en cuanto al pago de un canon anual por el mantenimiento, explotación de la misma”, pero, destacó, “al final del contrato toda la estructura revierte en el patrimonio de la Comunidad de Madrid, por lo cual creemos que es un ejemplo a seguir”.

Acerca del canon, Enrique López dijo que “lo que se ha hecho es un canon constante, se ha dividido el precio del contrato por los 36 años de explotación”, y “la cantidad está en torno a los 49 millones de euros”, apostilló.