Tras recordar que existe una propuesta de modificación de la Ley de Protección y Defensa de los Consumidores, para tipificar estas cláusulas como abusivas, manifestó que "hasta tanto se tramite y apruebe esta norma, la Comunidad de Madrid quiere adelantarse en defensa de los derechos de los consumidores y actuar ante los tribunales".

Según González, la fórmula jurídica que utilizará la Administración regional es "la interposición de una acción procesal que técnicamente se llama acción de cesación y que persigue conseguir una sentencia que impida que en los contratos de estas empresas se incorporen cláusulas abusivas".

Antes de materializar la demanda, la Dirección General de Consumo de la Consejería de Sanidad y Consumo, a través de su Servicio de Inspección y Control, requerirá a todas las empresas del sector de telefonía los contratos tipo utilizados.

CLAUSULAS ABUSIVAS

Asimismo, se solicitará al Registro de Condiciones Generales de la Contratación informe sobre la inscripción de las cláusulas respecto a las que se quiere interponer la actuación.

González afirmó que una vez analizada la documentación, se interpondrá "una demanda judicial para la declaración de nulidad de la condición o condiciones generales de la contratación objeto de actuación, y de acción de cesación de la cláusula declarada nula".

Según el portavoz del Ejecutivo, las deficiencias en los servicios de telecomunicaciones (telefonía e Internet) se han convertido en el primer motivo de queja de los consumidores en la Comunidad de Madrid (el 30% del total), superando en número a las quejas sobre vivienda, reparación de automóviles o contratación de servicios técnicos.

Asimismo, destacó que en 2003 se impusieron sanciones a este sector empresarial por valor de 52.900 euros, mientras que en 2004 la cifra alcanzó los 86.050 euros y sólo en los primeros meses de 2005 ascendía ya a 258.530 euros.