El objetivo principal de esta medida, según explicó el vicepresidente primero y portavoz, Ignacio González, es garantizar a los futuros consumidores de este combustible en la región la protección de sus intereses económicos y evitar así posibles situaciones de abuso del sector ante la liberalización del mismo.

La Comunidad de Madrid pondrá límite a estas tarifas de acuerdo a lo establecido en la Ley estatal del Sector de Hidrocarburos, que atribuye a las comunidades autónomas la competencia para establecer el régimen económico del suministro.

Las cantidades máximas que podrán cobrar en concepto del derecho de alta que establece el proyecto normativo son, para un consumo inferior o igual a 50.000 kWh/año, 63,5 euros, y si el consumo es superior el precio se establece en 95 euros. Además, el resto cuantías en función de la tarifa aplicable no podrán superar los 610 euros.

El proyecto normativo establece, asimismo, los límites del servicio de enganche en 50,36 euros; del servicio de verificación, 40,95 euros, y de los gastos de conexión, que no podrán superar los 100,72 euros.

Según González, los límites máximos de estas tarifas se basan en un estudio económico elaborado por la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica, que ha valorado los costes en los que incurren las empresas distribuidoras al tener que dar de alta a un nuevo usuario o al verse obligadas a verificar sus instalaciones.