MADRID

LA COMUNIDAD "HARÁ TODO LO QUE JURÍDICAMENTE ESTÉ EN SU MANO" CONTRA UNA POSIBLE SUBIDA DEL IMPUESTO DE SUCESIONES

- Beteta asegura que supondría una "involución" en las competencias autonómicas

MADRID
SERVIMEDIA

El consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Antonio Beteta, aseguró hoy que el Gobierno regional "hará todo lo que jurídicamente esté en su mano" si el Ejecutivo central impone un mínimo común sobre el Impuesto de Sucesiones y Donaciones a las comunidades autónomas.

En rueda de prensa, Beteta explicó que en la pasada reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el 8 de octubre, preguntó al vicepresidente primero y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, si era cierto que su departamento tenía previsto restablecer el Impuesto de Sucesiones y Donaciones a través de ese mínimo común denominador en toda España.

Según el consejero madrileño, Solbes le contestó que era una propuesta electoral del PSOE y mostró su voluntad de llevarla a cabo.

A juicio de Beteta, el Ejecutivo socialista debería renunciar a tal proyecto no sólo porque significaría una "involución" en las competencias autonómicas, sino porque también implicaría un "grave perjuicio" para la dinamización de economías como la madrileña, al afectar a la inversión empresarial y al consumo.

Asimismo, considera "incoherente" hablar de corresponsabilidad fiscal, como hace el Ejecutivo central, pero manteniendo el planteamiento de efectuar una vuelta atrás en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, además de que, dijo, resucitar dicho impuesto significaría detraer más recursos a los contribuyentes, con lo que, en todo caso, se agravaría una situación de crisis económica.

De hecho, según los cálculos de la Consejería de Economía, el ahorro anual para los madrileños entre Donaciones y Sucesiones supone unos 1.400 millones de euros.

Además, indicó Beteta, el restablecimiento de la citada tasa afectaría a la seguridad jurídica de los contribuyentes, que verían cómo las comunidades inician una reforma para reducir la presión fiscal e, inmediatamente, el Gobierno central promueve una contrarreforma en sentido contrario.

El consejero madrileño señaló que la reforma no conseguirá la uniformidad territorial que dice pretender Solbes, puesto que probablemente no afectará a las comunidades forales donde el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones no tiene el carácter de tributo cedido, sino el de tributo propio concertado de normativa autonómica.

Beteta añadió que, en el caso de que el Ejecutivo socialista decidiera implantar nuevamente el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, se volvería a la compleja situación que existía antes de la reforma del tributo por parte de varias comunidades autónomas.

El consejero explicó que tras la modificación del Impuesto de Sucesiones en la Comunidad de Madrid, los derechos reconocidos de este tributo han crecido desde los 392 millones de euros del año 2003, en que regía la normativa anterior, a los 613 millones de 2007, ejercicio en el que finalizaba la implantación definitiva de la reforma.

Respecto al Impuesto de Donaciones, dijo que antes de la reforma del tributo existían muy pocas donaciones declaradas, existiendo numerosas operaciones que se realizaban por la vía de hecho sin la oportuna declaración tributaria. Así, en el año 2005, solamente se produjeron en Madrid 3.725 autoliquidaciones y una cuota de 19 millones de euros.

Indicó que tras la reforma de este impuesto se han originado en la región 28.225 donaciones en 2006 y 29.434 en 2007, con una recaudación de 23 y 23 millones de euros, respectivamente. En consecuencia, precisó, el retorno de esta tasa llevaría aparejado una vuelta a la planificación y elusión fiscal, un entorpecimiento de la actividad económica y una desincentivación del ahorro, sin que exista garantía de obtener una mayor recaudación.

En palabras de Beteta, con esta medida el PSOE "muestra su cara antigua de subir impuestos, en lugar de controlar el gasto". "La no deflactación de la tarifa del IRPF es una muestra de ello, a pesar de estar incluido en su programa electoral", dijo.

"Es una tomadura de pelo a los ciudadanos", prosiguió el consejero, "este sistema yo-yo: por un lado mantienen los 400 euros y por otro no deflactan la tarifa. Esta política no da confianza".

(SERVIMEDIA)
14 Oct 2008
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