Esta iniciativa se llevó a cabo a través de la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos (AMTA), un organismo que se puso en marcha en 1995 para garantizar la protección personal y patrimonial de estas personas.

La Agencia Madrileña de la Tutela de Adultos, perteneciente a la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, mantenía activos 2.360 casos de personas mayores de edad que han sido declaradas judicialmente como incapacitadas a finales del año pasado.

Este órgano cerró el pasado ejercicio con un gasto de 2.921.720 euros, y el Gobierno regional ha incrementado para el presupuesto de este año destinado a la protección de personas incapacitadas judicialmente un 25%, según el Ejecutivo autonómico.

La Agencia Madrileña de la Tutela de Adultos de la Comunidad de Madrid da cobertura a todas las necesidades de estas personas prestándoles una protección integral basada en tres áreas específicas de acción: jurídica, económica y social.

Además de la atención jurídica que presta a los tutelados, la Agencia ofrece un servicio de orientación jurídica, que facilita información y asesoramiento a profesionales y familiares de adultos incapacitados sobre el procedimiento de protección legal de estas personas y que atendió el año pasado más de 700 consultas, sobre temas de incapacitación, tutela, sucesiones y asuntos civiles y de familia.

La Comunidad de Madrid mantiene en estos momentos a un total de 2.505 tutelados. La mayoría de las personas que protege el Ejecutivo regional sufre demencia (un 35%), mientras el 18% padece algún tipo de enfermedad mental.

En menor proporción, el resto de causas de incapacidad se producen por algún tipo de esquizofrenia o por otro tipo de demencias derivadas de alguna patología asociada (alzheimer, alcoholismo).

Un 18% tiene edades comprendidas entre los 50 y los 59 años, seguida de la ratio de edad de entre 40 y 49 años, que supone un 16%. Distribuidos por sexo, un 51% de los tutelados son mujeres y el resto hombres.