Bote declaró a Servimedia que desde su departamento se limitan a ser ejecutores de un presupuesto estatal para estas materias formativas e indicó que su materialización tiene "efectos perversos", ya que según está concebido el sistema, un hombre de mediana edad en paro no puede recibir formación, debido a que los cursos van dirigidos sobre todo a mujeres, mayor de 45 años, inmigrantes o personas en riesgo de exclusión.

Insinuó que las acciones formativas para el empleo no van dirigidas al perfil de persona que ha quedado sin trabajo en este último año.

El responsable de Empleo manifestó que estas políticas cuentan con recursos que el Estado pone a disposición de las comunidades autónomas y también fija cómo hay que gastarlo. Además, Madrid complementa estas cantidades con fondos propios.

Según Valentín Bote, la Comunidad da formación a unas 200.000 personas cada año. Asimismo, destacó la necesidad de "flexibilizar el marco de las políticas activas", para que las comunidades puedan adaptar sus actuaciones a las necesidades de cada momento.

Por otro lado, se refirió al "mapa laboral" de las personas con discapacidad en la región y destacó que el 75% de estos trabajadores sólo tienen estudios obligatorios y el 7% cuentan con algún tipo de formación universitaria.