Según informó hoy el Ejecutivo regional, en la carta se explica que la legislación estatal que ha entrado en vigor en 2009 introduce una serie de cambios y subidas de la energía eléctrica en varios conceptos que, debido a su complejidad, está confundiendo a muchos consumidores.

"La normativa aprobada por el Gobierno de España permite incrementos que van desde el 5% al 25% dependiendo de los distintos conceptos que se facturan, además del consumo real", señala la misiva.

Según la Comunidad, dichos incrementos se refieren a la potencia contratada, cuya tarifa se ha incrementado una media del 5%. En cuanto a los kW/hora/mes, todo lo que se consume hasta 500 kW/hora/mes ha tenido un incremento del 5%, aproximadamente, con respecto al año anterior.

Además, indica que si el consumo es superior a esa cantidad, se practica una penalización por cada kW/hora/mes excedido, que ha experimentado una subida en torno al 125% con respecto al año 2008. Asimismo, dicho tope de consumo sin penalizar, fijado en 2008 en 550 kW/hora/mes, se ha reducido a 500 kW/hora/mes en las tarifas de 2009, justo en uno de los inviernos más fríos de los últimos años.

La carta enviada advierte de que la tarifa nocturna ha desaparecido, por lo que aun cuando el usuario haya podido seguir consumiendo energía eléctrica en los mismos horarios que lo hacía, pagará su factura conforme a una tarifa ordinaria. En este caso, añade, las posibilidades de que el usuario haya sido penalizado por exceso de consumo se han incrementado notablemente.

La Comunidad de Madrid también denuncia el empeño del Ministerio de Industria en facturar mensualmente con el pretexto de hacer que el consumidor pueda entender y regular mejor su consumo.

La carta finaliza advirtiendo de que todas las reclamaciones recibidas están facilitando la investigación abierta por la Dirección General de Consumo para establecer las posibles responsabilidades y para intentar que el Gobierno central modifique la normativa estatal y determine la obligación de hacer las facturas más claras, respetando "el derecho de los consumidores a obtener una información suficiente y asequible sobre los conceptos que les están cobrando".