Así lo señaló durante una rueda de prensa en la Cámara Baja en la que denunció que ayer tuvieron conocimiento que el Ministerio de Interior dirigido por el Partido Popular espió a dirigentes de los Comunes “y a la práctica totalidad del grupo parlamentario”.

Vidal señaló que el contexto del citado espionaje es importante ya que los Comunes “veníamos de ganar las elecciones generales en Cataluña en 2015” y Unidas Podemos negociábamos para “formar un gobierno decente”.

Según afirmó Vidal, el informe de Asuntos Internos dirigido a la Audiencia Nacional desvela que “miembros de la Policía Nacional fueron mandatados por altos cargos del Ministerio de Interior” con su titular Jorge Fernández Díaz a la cabeza “para obtener datos particulares de cada uno de nosotros, de los diputados y de las diputadas”.

La consecuencia, denuncio, es que “se obtuvo información de forma ilegal de por lo menos 55 de los 69 diputados de Podemos, los Comunes y las confluencias”. En concreto de seis de los Comunes de Cataluña: Fèlix Alonso, Lucía Martín, Joan Mena, Mar García, Marta Sibina y la propia Aina Vidal.

Vidal aseveró que la motivación del espionaje fue clara, la de obtener información personal de los citados diputados y diputadas para, “en connivencia de periodistas y medios dispuestos” para “destruir cualquier posibilidad de formar un gobierno legítimo progresista”.

ACCION COORDINADA

“Hablamos de una acción coordinada, realizada por distintos agentes en distintas localizaciones, no se trata por lo tanto de una manzana podrida”, señaló, y agregó que “estamos hablando quizás de más de 230 agentes implicados” en lo calificó de “una estrategia dirigida a derribar al oponente político mediante el uso delictivo, resalto delictivo, de las instituciones del Estado”.

Por todo ello, Vidal anunció que los Comunes están estudiando emprender acciones legales, en el ámbito civil y penal, “para conocer la totalidad de los hechos, el alcance, sus autores y las responsabilidades políticas y penales” que pudieran existir “hasta el más alto rango”.

Los hechos, enfatizó, “afectan a la intimidad y a los derechos fundamentales más elementales de los representantes electos democráticamente, podrían ser por lo tanto constituyentes de delitos graves de revelación de secretos y contra los derechos de las personas”.

Asimismo, destacó que los presuntos delitos habrían sido cometidos “por funcionarios públicos que cedieron a servir al interés privado e ilegal de un partido político que se aferraba a un gobierno, el Partido Popular”.