Fuentes de la UCM indicaron a Servimedia que, además del recurso ante el Supremo, la Universidad se reserva la posibilidad de presentar un recurso de unificación de doctrina, al apreciarse "contradicciones" en dos sentencias del mimo tribunal.

Un portavoz de la UCM aseguró que las futuras acciones de la Complutesne no pretenden poner en entredicho la exención de tasas, ya que "se trata de una exención que reconocen las dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y que está recogida en la Lismi".

El artículo 30 de la Lismi señala que "los minusválidos, en su etapa educativa, tendrán derecho a la gratuidad de la enseñanza, en las instituciones de carácter general, en la atención en particular y en los centros speciales, de acuerdo con lo que dispone la Constitución y las leyes que la desarrollan".

La base de los recursos de la UCM radica, por tanto, no en el reconocimiento de la exención de tasas, sino en quién debe hacerse cago de ellas. La UCM recuerda que la primera sentencia del TSJM, de 21 de abril de 2001, afirmaba que "es la Comunidad de Madrid el organismo que debe atender lo dispuesto en el artículo 30 de la Lismi". En cambio, la última sentencia señala que deben ser las universidades, y no la Comnidad de Madrid, las que se hagan cargo de las tasas.

"ACEPTAR LA DERROTA"

Por su parte, Ginés García Gómez, un joven periodista discapacitado afiliado a la ONCE, expresó a esta agencia su deseo de que la Universidad Complutense "acepte su derrota" y renuncie a continuar con el proceso judicial. "La ley está de mi parte, así que es absurdo seguir con esta batalla", afirmó.

Ginés García, natural de Murcia, asegura que en su región las universidades públicas sí reconocen a los estudiantes discapaitados el derecho a estar exentos del pago de las tasas universitarias.

Como en Murcia no hay Facultad de Periodismo, Ginés García se marchó en 1994 a estudiar Ciencias de la Información en la Universidad Complutense de Madrid, y se encontró con la sorpresa y la obligación de hacer frente al pago de dichas tasas.

"Este ha sido un proceso largo y costoso, de más de ocho años, que pueda dar luz a uno de tantos puntos de la Lismi que aún no se cumplen, como es el caso de la plena integración educatia de la población discapacitada", afirmó García.

En su opinión, en el terreno de la educación aún queda mucho camino por recorrer hasta lograr la plena integración de los discapacitados, como "la eliminación de barreras arquitectónicas, mayor accesibilidad a las fuentes o una mayor comprensión del profesorado".