Se trata de la mayor sanción impuesta hasta ahora por Competencia, según informó hoy en un comunicado la asociación de operadoras Astel, que agrupa a las 26 competidoras de Telefónica y que presentó la denuncia ante el TDC.

Las conductas denunciadas por Astel consisten, según recoge la propia sentencia del Tribunal del pasado 1 de abril, en "limitar la competencia mediante el tratamiento discriminatorio de las solicitudes de preasignación; vincular la prestación de determinaos servicios a la inexistencia de preasignaciones con operadores competitivos; y realizar prácticas comerciales de recuperación de clientes que producen confusión en el usuario".

El Tribunal califica la conducta de Telefónica de España de muy grave "por afectar gravemente al proceso liberalizador de las telecomunicaciones", impactando "al mercado en su plenitud, dada la extrema duración de las conductas restrictivas, obstruccionistas e incluso oscurantistas, puestas de manifiesto a todo lo largo del poceso instructor".

El TDC considera que se ha tratado de "una conducta abusiva en la que Telefónica no estuvo a la altura de la especial responsabilidad que incumbe a quien ostenta una posición dominante, al reaccionar de forma desleal y desproporcionada".

La sentencia, más allá de imponer a Telefónica de España una multa de 57 millones de euros, la más alta impuesta por el Tribunal en su historia, ordena a Telefónica enviar carts a todas las empresas "indicando que la preasignación de operador n supone ninguna implicación negativa en términos de calidad de servicio telefónico básico, mantenimiento de la línea, o recepción o precio de los servicios suplementarios". Asimismo, le impone una multa coercitiva de 3.000 euros por cada día de retraso e incumplimiento de la sentencia.