Este proceso abarca desde medicamentos hasta modelos organizativos para la prevención y tratamiento de enfermedades, y debe garantizar decisiones fundamentadas sobre la inclusión, financiación o exclusión de tecnologías en el Sistema Nacional de Salud. El proyecto integra tanto aspectos clínicos (armonizados por normativa de la UE) como no clínicos (derivados a la competencia de los Estados miembros de la UE).

“En términos generales, el proyecto no presenta restricciones injustificadas a la competencia, y se alinea con la necesidad de ofrecer prestaciones médicas avanzadas y asignar de manera eficiente los fondos públicos”, analiza la CNMC.

Sin embargo, pide evitar duplicidades, asegurando la aplicación efectiva de los principios de coherencia y no duplicidad de las actuaciones ante las diversas instancias administrativas. También pide reforzar la necesidad de justificar adecuadamente cualquier decisión que se aparte de las evaluaciones científicas realizadas.