El Reglamento de Defensa de la Competencia rige que el Consejo de la CNMC, “valorando el derecho subjetivo o interés legítimo acreditado, decidirá sobre las solicitudes de condición de interesado, aceptándolas o denegándolas de forma motivada, en un plazo de diez días”. Desde la CNMC precisaron a Servimedia que este plazo es orientativo, de manera que el hecho de que se sobrepase no supone que se conceda o se deniegue tal condición.

El plazo empieza a contar una vez que se cerró el pasado 30 de noviembre el periodo de diez días para solicitar la condición de interesado en el expediente de la opa.

Fuentes de la CNMC explicaron que para ser interesado no basta con tener un interés general en la operación, sino un interés legítimo “vinculado con el análisis de la concentración desde un punto de vista de defensa de la competencia” y que la CNMC “es siempre muy estricta al conceder la condición de interesado” dada la sensibilidad de los procedimientos de control de concentraciones.

El Reglamento especifica que quienes sean considerados interesados -ya sean personas físicas o empresas- “tendrán intervención plena en los distintos trámites del procedimiento” y los derechos que les corresponden como partes interesadas “en ningún caso podrá alterar el normal desarrollo del procedimiento, ni suponer dilación en los plazos, ni retroacción de los trámites ya vencidos”.

La CNMC no hace público durante la tramitación del expediente el listado de quiénes se han personado, pero sí que algunos lo han anunciado como el propio Banco Sabadell en cuanto se abrió el plazo, la patronal de pymes catalana Pimec, la Asociación de Accionistas Minoritarios del Banco Sabadell, Foment del Treball, CCOO y UGT, entre otros.

Además, según el Reglamento, los compromisos propuestos por las partes “podrán ser comunicados a los interesados o a terceros operadores con el fin de valorar su adecuación para resolver los problemas para la competencia derivados de la concentración, así como sus efectos sobre los mercados”.

La CNMC decidió el pasado 12 de noviembre remitir a segunda fase la opa para un análisis más exhaustivo "a la vista de las circunstancias de la operación y su afectación potencial al mantenimiento de la competencia efectiva”, según informó en aquel momento. Con ello, los plazos se demoran, pues Competencia tiene tres meses más para estudiar la operación, con lo que la resolución final se producirá el año que viene.

La apertura de la segunda fase ha posibilitado precisamente que otros actores que se consideran con interés legítimo en la operación pidan personarse y presentar alegaciones.