Asimismo, el Tribunal defiende rotundamente la libertad de horarios comerciales "en cuanto que expande el ámbito de elección de los ciudadanos".

Competencia advierte de que "las barreras de entrada impuestas por muchas comunidades autónomas amenazan con crear situaciones de monopolio, en especial en los casos de fusión o integración de empresas,por lo que, caso de mantenerse esas barreras, resulta especialmente importante vigilar esos procesos de concentración".

El informe, pedido por el vicepresidente Rodrigo Rato el año pasado tras constatar que las bajadas de precios que sufrían los productores no se trasladan a los consumidores en muchas ocasiones, concluye que "la Ley de Ordenación del Comercio Minorista y las leyes que regulan este sector en las comunidades autónomas, al restringir o limitar la apertura de nuevos establecimientos, estalecen una barrera legal de entrada en el sector reduciendo la competencia a nivel local, comarcal o regional".

La actual normativa "permite que las empresas ya instaladas sean menos eficientes, lo que se traduce en mayores precios y márgenes en comparación con los existentes en ausencia de este tipo de barreras de entrada", señala el informe.

CONTRA EL ESPIRITU DE LA LEY

Tras realizar un análisis comunidad por comunidad, el TDC ha constatado que las autonomías no han respetado el espíritu de laley estatal de limitar la apertura de los grandes establecimientos, y que, por el contrario, en algunos casos han impedido el establecimiento de superficies de menos de 500 metros cuadrados o de tiendas superdescuento, tipo Lidl o Dia, contra toda lógica.

"Con tal objetivo se vulneran los principios más elementales del libre juego de mercado tratando a la fuerza de eliminar del mismo fórmulas comerciales que, por lo demás, contribuyen a la modernización del sector, al desarrollo de la actividad económca y, en última instancia, al beneficio de los consumidores", afirma el informe.

Competencia considera que, al limitar la apertura de grandes establecimientos, se está limitando la competencia entre los mismos y, por tanto, reforzando el poder de mercado de los ya instalados, "creando monopolios espaciales de facto. Esta limitación repercute en los precios, la inversión, el empleo, los consumidores y los proveedores de estos establecimientos".

"No es admisible limitar la libertad de la empresa, tnto en cantidad como en tiempo, en aras de una protección mal entendida al pequeño comercio. Se está obligando artificialmente a mantenerse en el mercado al empresario que carece de flexibilidad para adaptarse al perfil de su demanda. Por el contrario, la libre competencia asegura una mejor asignación de los recursos sometiendo a las empresas a la disciplina del mercado", dice el Tribunal.

En consecuencia, el TDC recomienda que se modifique la mencionada legislación autonómica suprimiendo los siguients aspectos:

- La definición del concepto de gran superficie comercial o gran centro comercial en función del número de habitantes del municipio donde se encuentra el establecimiento.

- El empleo de un criterio múltiple.

- El empleo de cuotas máximas en el mercado.

- El empleo de moratorias en otorgar las licencias comerciales.

- El empleo del criterio de participación.

- El tratamiento especial de cierto tipo de establecimientos.

- El establecimiento de limitaciones a lospequeños establecimientos.

- La exigencia de estudios de viabilidad de mercado para otorgar la autorización.

- La desnaturalización de los criterios de admisibilidad que se enumeran en el artículo 6 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista.

Dichas prácticas son "discriminatorias, distorsionan gravemente la competencia, podrían ir en contra del principio de igualdad y podrían resultar contrarias a lo establecido en los artículos 38 y 51 de la Constitución Española", apunta el informe deCompetencia.