La empresas podrían haber acordado el reparto del mercado español de gestión de residuos sanitarios y haber llevado a cabo actos de competencia desleal consistentes en presionar a los suministradores para que no rindieran servicios a la empresa Athisa, con el objetivo de que no entrara en el mercado español.

Se abre ahora un plazo máximo de 18 meses para la instrucción del expediente y para su resolución por la Comisión Nacional de la Competencia.