"Este traslado no tiene ninguna justificación desde el punto de vista laboral o técnico y está afectando a 140 familias", dijo el representante sindical, que explicó que, si prospera la decisión del Gobierno central, tendrán que trasladarse a Barcelona todos los empleados o quedarse en la calle.

"Esto es un peaje electoral que estamos pagando a 140 familias que vivimos aquí. Somos personal laboral al servicio de la CMT que accedemos tras un concurso-oposición pero no somos funcionarios", afirmó.

Dijo que la Administración central no ha respetado el Estatuto de los Trabajadores, que recoge la necesidad de contar con los trabajadores a la hora de decidir su traslado a otro lugar.

"Vamos a emprender todas las acciones jurídicas para tratar de evitar el traslado", concluyó.

Por su parte, Beteta señaló que "nos han informado del nulo diálogo entre los trabajadores de la CMT y la Administración central" e informó que "desde el PP vamos a realizar todo tipo de actuaciones para oponernos a esta deportación, por hacer el traslado sin contar con la voluntad de los partes" .

Indicó que ésta es "una decisión puramente política tendente a perjudicar a la Comunidad de Madrid y beneficiar a la Generalitat de Cataluña. Eso no se puede tolerar".

Beteta denunció que el Gobierno regional no ha sido tenida en cuenta en esta operación y destacó que "vamos a instarle -a la Comunidad de Madrid- a que explore las posibilidades de un recurso contencioso-administrativo contra esta decisión".

Asimismo, el PP llevará al pleno del 4 de febrero una iniciativa para que la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, solicite a Zapatero que anule este traslado.

En el caso de que este traslado no se pueda retirar, el PP "trabajará con el Comité de Empresa para que los trabajadores puedan recolocarse en Madrid", concluyó