El documento constituye un plan del CERMI Estatal, planteado a través de su Comisión de la Mujer, y contiene propuestas que corresponde desarrollar, en la mayoría de los casos, en cooperación entre las distintas administraciones públicas, el propio movimiento asociativo de hombres y mujeres con discapacidad y diversos entes sociales.

El Comité persigue que este documento sirva, desde el año 2005 hasta 2008, como instrumento de planificación de los distintos organismos responsables de garantizar el derecho a la igualdad real de las niñas, jóvenes y mujeres con discapacidad.

Para lograr este objetivo, el plan incluye una serie de actuaciones destinadas a lograr una mayor y mejor asistencia y atención a las mujeres con discapacidad, prevenir las situaciones de exclusión a todos los niveles, garantizar la no discriminación en la legislación y normativa vigente y fomentar la investigación en las áreas consideradas prioritarias.

SITUACION ACTUAL

De las 3.528.221 personas con discapacidad que viven en España (9% de la población), el 58% son mujeres, sin contar entre ellas la población de niñas de cero a seis años.

Estas mujeres han sufrido tradicionalmente una doble discriminación: por razón de género y por su discapacidad. Pese a ello, el plan subraya que no existen recursos o dispositivos legales eficaces y generalizados con los que eliminar y corregir dichas conductas discriminatorias.

Dentro de la población de mujeres, las deficiencias osteoarticulares son las más habituales (representando el 29,27%), seguidas de las deficiencias viscerales (con el 16,63%), las visuales (14,72%) y las auditivas (13,57%). En el otro extremo se encuentran las deficiencias del lenguaje, habla y voz (que representan el 0,61%), las deficiencias del sistema nervioso (con un porcentaje del 4,78%) y las deficiencias que no constan (el 1,24%).

Respecto a la formación, son aquéllas sin estudios las que representan el grupo mayoritario (36,64%), seguido de las que tienen estudios primarios (35,13%) y las que sufren analfabetismo (15,95%). El 1,93% ha cursado estudios profesionales y otro 2,17% estudios universitarios.

Las desigualdades con los hombres también se manifiestan en el ámbito laboral, ya que en todas las comunidades se puede observar que el número de hombres empleados es superior al número de mujeres, siendo esta diferencia en algunos casos más del doble, como en Andalucía.