Así consta en un informe que el mecanismo de seguimiento del CDHNU ha remitido a la abogada Helen Duffy, de Human Rights in Practice, que representa a Baltasar Garzón a nivel internacional en el que se pone de manifiesto que España “está incumpliendo” su decisión sobre el caso del juez Baltasar Garzón.

En agosto de 2021, el Comité de Derechos Humanos de la ONU observó que la sentencia de la Audiencia Nacional que le inhabilitó y le apartó de la judicatura tras su instrucción del caso Gürtel fue “parcial y arbitraria, con ausencia de previsibilidad de la conducta sancionada y sin acceso a la doble instancia”, reclamó una “reparación integral” al juez y solicitó al Gobierno que informase sobre las medidas tomadas en un plazo de 180 días.

Dos años después, el Comité encontró “insatisfactoria” la respuesta del Gobierno sobre la indemnización y la extinción de antecedentes penales, ya que “no es relevante o no implementa la recomendación”.

En cuanto a las medidas que garanticen la no repetición, la respuesta del Estado “va en contra o rechaza la recomendación” del organismo de la ONU.

Ante esta situación, Helen Duffy constató que España ha mostrado un “flagrante desprecio por la autoridad del Comité de Derechos Humanos y las obligaciones internacionales vinculantes que tiene en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”. Desde su punto de vista, “sus respuestas tardías al Comité no han indicado ninguna medida significativa para proporcional la reparación integral requerida”.

El derecho internacional, prosiguió la letrada, conmina a los estados a “proporcionar reparación, incluida la restitución, la compensación y las garantías de no repetición para garantizar que tales casos no puedan surgir en el futuro”, lo que en este caso “se traduce en reconocer daños y perjuicios, el borrado de antecedentes penales injustificados y emprender una reforma legal y judicial, necesaria para salvaguardar la independencia judicial”.

Helen Duffy recordó que algunos miembros del CDHNU afirmaron que la reparación implicaba “implícitamente” la “restitución o reincorporación de la víctima a su antiguo papel judicial”.

Por todo ello, Baltasar Garzón ha requerido al Ministerio de Justicia que se cumpla el dictamen del Comité, puesto que resulta “esencial que el Gobierno responda con prontitud y eficacia para demostrar que se en serio sus obligaciones internacionales y la importancia de la independencia judicial”.