A este proyecto de ley se presentaron 22 enmiendas, que quedan vivas para el Pleno, y la ponencia designada, reunida este jueves, emitió informe de conformidad con el texto remitido por el Congreso de los Diputados con varias correcciones de errores que afectan a la disposición final primera y el preámbulo.

Durante el turno de portavoces, el socialista Alfonso Escudero afirmó que se trata de una ley “importante y compleja” y, entre los aspectos sobre los que “pivota” su modificación, citó la protección de las personas “que sufren” que son, dijo, el “santo y seña” de su grupo y le “guían en esta reforma”.

El segundo aspecto también “muy importante” a su entender es que “afecta a los engranajes constitucionales”, en referencia a la descentralización del Estado. Además, desde el punto de vista económico defendió la idoneidad de “tratar de compatibilizar” la práctica del juego con “las buenas prácticas y con el legítimo beneficio empresarial y la coexistencia normal entre los diferentes agentes”.

Como elementos clave de la reforma legislativa destacó la “tutela y protección de los menores y todos los que participan en los juegos de azar”, además de la “prevención” de las conductas adictivas en las “personas de riesgo”, así como “velar y asegurar la integridad, seguridad, fiabilidad, transparencia en las operaciones de juego”.

En este punto, advirtió sobre el “fenómeno preocupante” que, a su entender, supone el fraude y manipulación de las competiciones deportivas que, dijo, “menoscaban los intereses de los participantes y atentan contra los valores esenciales del mismo y alejan del deporte a seguidores y aficionados”.

Escudero defendió que la nueva ley “refuerza” las funciones de la Dirección General de Ordenación del Juego para trabajar “en colaboración y conjuntamente” con todas las autoridades competentes en materia del juego y lo hace a través del Servicio de Investigación global del mercado de apuestas (Sigma), un instrumento técnico donde se va a compartir toda la información al día, digitalizada y automatizada de todos los actores que “intervienen en el juego”.

En paralelo, recordó que también se añade un apartado 3 en el artículo 8 según el cual el Gobierno pondrá en marcha el Registro General de interdicciones de acceso al juego e instará a la interconexión de los registros autonómicos a través de los correspondientes convenios que ya ha empezado a suscribir.

Además, esta ley “incorpora” las transposiciones de la Directiva UE 2016/1164, que tiene por finalidad reforzar el nivel medio de protección de los Estados contra la planificación fiscal abusiva en el mercado interior y evitar la doble imposición, y reforma la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios y del texto refundido.

“Es una reforma legal y coordinada, con absoluto respeto al marco competencial de las comunidades autónomas que son las encargadas del desarrollo y la ejecución de la ley de juego”, abundó, para asegurar que la reforma “cumple” los principios de “necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, publicidad, participación y transparencia” establecidos en el procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

PARTIDO POPULAR

Por parte del Grupo Popular, la senadora Patricia Rodríguez Calleja quiso manifestar su “malestar” por el “trato” que dan “especialmente” los grupos que “sustentan” al Gobierno a la competencia legislativa de esta cámara parlamentaria de segunda lectura, que, a su entender, “una vez más, se convierte en un mero trámite donde no se hace ni la más mínima reflexión sobre la posibilidad de incorporar alguna enmienda al texto legislativo que nos llega aprobado por el Congreso de los Diputados”.

Y ello, lamentó, pese a que el Ministerio de Consumo “no está cerrado a admitir una posible modificación aceptando o transaccionando alguna de las enmiendas presentadas”, algo que, a su entender, debería darse en el trámite de ponencia.

Por ello, urgió a “trabajar de manera conjunta para intentar buscar consensos, acuerdos y mejorar el proyecto de ley que nos viene para presentarlo al Pleno”. “Entendemos que ese es el procedimiento habitual”, abundó, consciente de que los grupos “tenían fácil el acuerdo” en este caso, dado que el proyecto “venía bastante consensuado y no ha tenido demasiadas enmiendas”.

Con respecto al texto, criticó que el Gobierno “mezcla un fin necesario” como es la modificación de la Ley del Juego para “impulsar un juego más seguro, más responsable y basado en la protección de las personas que hacen uso de estos servicios y de los menores”, con la “modificación” del régimen sancionador de la Ley general para la defensa de consumidores y usuarios que, a su juicio, el Gobierno “mete con calzador” y que juzgó como un “despropósito legislativo”.

Respecto a las enmiendas presentadas por su grupo, advirtió de que el PP va a “defender de manera más especial” la presentada en materia de “juego problemático” y adicciones comportamentales que es lo que, a su juicio, se debería “abordar en el próximo Pleno y no otras cuestiones que ni encajan ni vienen al caso”.

En este sentido, el senador socialista Manuel Ángel Fernández subrayó que este es el segundo proyecto de ley que sale de esta comisión siguiendo el mismo proceso de tramitación. “No afeemos el valor de lo que es intentar trabajar el acuerdo, como no afeemos el consenso que se ha conseguido con las comunidades autónomas”, espetó, para reclamar “la importancia de respetar y de tener la fuerza del equilibrio competencial que trae el proyecto desde el Congreso”.