En un principio, los comisionados debían haber ultimado hoy la redacción del dictamen, aunque la densidad de la documentación analizada (más de 70.000 folios) y la revisión del testimonio de los comparecientes aconsejaron a los diputados alargar el plazo previsto, según explicó en rueda de prensa Josep López de Lerma (CiU), presidente de la comisión.

López de Lerma negó que la prórroga de la comisón obedezca a razoes electorales, al tiempo que insistió en que para hacer un buen dictamen hay que evitar "nerviosismos de última hora" que pueden repercutir negativamente en la redacción de las conclusiones.

Esta opnión no fue compartida por el representante socialista Alvaro Cuesta, quien dijo que el calendario de trabajo se ha situado en época electoral y que este hecho ha podido condicionar la elaboración del dictamen. En este sentido, recordó que el Parlamento alemán suspende la actividad de las comisiones de invstigación en periodo de elecciones.

Fuentes de la comisión manejaron también la hipótesis de que algunos grupos no han puesto demasiado empeño en cumplir los plazos previstos inicialmente, ya que el PP no presentó hoy las conclusiones, como había anunciado, y otros grupos, como el PNV, no asistieron.

DISCREPANCIAS

Los grupos parlamentarios han alcanzado un acuerdo prácticamente unánime en lo que se refiere al análisis de los hechos y a las responsabilidades jurídico-penales en las que ha podidoincurrir el anterior responsable del instituto armado.

Sin embargo, las diferencias radican en las responsabilidades políticas, que los socialistas circunscriben exclusivamente en el propio Roldán, mientras que la oposición las extiende hasta el presidente del Gobierno (caso de Izquierda Unida) y al vicepresidente del Ejecutivo (caso del Grupo Mixto).

López de Lerma elaborará en los próximos días una propuesta de dictamen que no incluirá las responsabilidades políticas y los comisionados tendrán e plazo hasta el próximo día 14 para redactar sus propuestas en este sentido.

Estas iniciativas serán añadidas posteriormente al dictamen de López de Lerma y la comisión volverá a reunirse un día más tarde, el 15 de junio, para aprobar definitivamente el dictamen y, en su caso, formular votos particulares.

DESCREDITO

Rosa Aguilar, de IU, señaló que el retraso en la redacción de las conclusiones no significa que la "comisión Roldán" haya fracasado y que insinuaciones de este tipo sólo pretenden esacreditar la labor realizada por los parlamentarios.

Para IU, las culpabilidades políticas alcanzan al presidente del Gobierno como responsable último de la actuación irregular de Roldán, por lo que, según Aguilar, debería dimitir de su cargo.

Asimismo, Aguilar considera que otros altos cargos de la Administración han quedado salpicados por la gestión de Roldán y deberían asumir su responsabilidad. Este es el caso de José Barrionuevo y Narcís Serra, que designaron a Roldán, y de José Luis Corcura, que le mantuvo en su puesto.

La portavoz de IU señaló igualmente como responsables directos al ex ministro del Interior Antoni Asunción; al ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera; al ex ministro de Economía Carlos Solchaga, al actual titular de Defensa, Julián García Vargas; al dimitido fiscal general del Estado Eligio Hernández y al director del Cesid, Emilio Alonso Manglano.

Por su parte, el socialista Alvaro Cuesta quiso dejar claro que las deficiencias en la gestión de Roldn tienen como principal responsable político al propio ex director de la Benemérita, sin que puedan afectar a otros cargos, como Barrionuevo o Corcuera.

A su juicio, las responsabilidades políticas deben residenciarse exclusivamente en Roldán y el necesario cambio en el sistema de gestión de la Guardia Civil no debe venir acompañado de una cadena de dimisiones, como pide la oposición.

Pilar Rahola, diputada de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), consideró un fracaso político que no haya sidoposible alcanzar hoy un consenso sobre la delimitación de responsabilidades políticas.

Añadió que su partido estima necesaria la dimisión de Narcís Serra como máximo responsable del "caso Roldán", pero no así la de Felipe González, como reclama IU.