El Grupo Socialista ha aceptado alrededor de sesenta de las cien comparecencias solicitadas por Partido Popular e Izquierda Unida. Entre ellas, iguran las de los ministros Julián García Valverde y José Borrell; el ex ministro José Barrionuevo, la presidenta de Renfe, Mercé Sala, y el jefe del Ejecutivo madrileño, Joaquín Leguina.

En contra de las demandas de la oposición, el PSOE ha rechazado que declaren en la comisión el alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall, y el ex ministro de Transportes Abel Caballero.

Las comparecencias se producirán a lo largo de este mes, aunque no se descarta prolongar esta fase de información a los primeros das de febrero. El plazo previsto para que culmine el trabajo de la comisión es el día 28 de febrero.

Con dos representantes -el presidente, José Félix Sáenz, y el diputado Jenaro García-Arreciado-, el Grupo Socialista dispondrá de voto ponderado en la comisión, lo que le permitirá imponer su voluntad en las conclusiones del dictamen final.

García-Arreciado ha admitido que consultará al Gobierno a la hora de elaborar el informe. El portavoz del PP, Felipe Camisón, considera, por su parte, que las onclusiones de la comisión están "predeterminadas", al igual que "la admisión de personas de las que se aceptará su declaración".

El artículo 52.4 del Reglamento del Congreso señala que el dictamen de la comisión de investigación no será vinculante para los tribunales ni afectará a las resoluciones judiciales.

No obstante, la Mesa del Congreso podrá dar traslado de las conclusiones al Ministerio Fiscal para el ejercicio de las acciones oportunas cuando estime conveniente.