José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy acordaron, en su reunión del pasado 14 de enero, crear una comisión en la que ambos partidos aborden las reformas institucionales previstas, sobre todo la de la Constitución y los estatutos de autonomía.

La formalización de esa comisión quedó paralizada, en principio, por la inminencia del referéndum de la Constitución europea, ya que ambos partidos estaban volcados en esa campaña.

Sin embargo, más de una semana después de ese referéndum, ninguno de los dos partidos considera probable que la comisión se reúna en los próximos días.

Ambos reconocen, no obstante, que estos próximos días son cruciales para el futuro de esa comisión, ya que el viernes 4 de marzo el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar la reforma de cuatro puntos de la Constitución para su consulta al Consejo de Estado, uno de los puntos que, teóricamente, deberían ser abordados en esa comisión.

Los contactos quedaron desde el principio en manos del secretario de Organización del PSOE, José Blanco, y del secretario general del PP, Angel Acebes, pero ningún avance se ha registrado desde que los socialistas enviaron a los populares la lista de sus delegados en esa comisión, el pasado viernes.

El PSOE da toda legitimidad a esos tres delegados para representar al partido en la comisión, ya que son los máximos responsables en los asuntos a abordar. Se trata de Diego López Garrido, experto en Derecho Constitucional; Alfonso Perales, secretario de Política Autonómica; e Inmaculada Rodríguez Piñero, responsable de Política Económica.

Desde el PP dicen, sin embargo, que esos delegados son una demostración de que el PSOE da un perfil bajo a esa comisión, y el propio Eduardo Zaplana ha llegado a decir que esa delegación "no está a la altura" de lo que se propone desde su partido, y que es "un insulto a la inteligencia de la gente".

Rajoy se ha mostrado públicamente partidario de que la comisión tenga un alto nivel político y el PP no admite esos interlocutores socialistas, pero desde el PSOE han advertido que son ellos quienes designan a sus delegados.

Desde el Gobierno se ha apuntado la posibilidad de que el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, o su secretario de Política Territorial formen parte de esa comisión, pero el Ejecutivo elude pronunciarse sobre los representantes de cada partido.